Ejemplo de “injusticia”
El Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto de ejemplo a San Fernando para criticar el abuso en el pago de plusvalías en ciertas materias, como es el caso de los desahucios.
Según se recoge en su informe sobre la Administración Tributaria, han sido muchos los ciudadanos que han elevado quejas para mostrar su “perplejidad” al conocer que, no solo el inmueble que constituía su vivienda habitual había sido objeto de subasta judicial tras un proceso de desahucio procediéndose a su adjudicación a un tercero, sino que además debían hacer frente a un impuesto municipal como consecuencia de tal hecho.
Para ilustrar este epígrafe dicho informe del Defensor del Pueblo expone el caso 12/2653. Se trata de una queja de un vecino de La Isla desahuciado que se ve obligado a pagar esta plusvalía. De esta manera, expone en su reclamación que pese a haber sido desahuciado, el Ayuntamiento le había liquidado el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (plusvalía) por la trasmisión de dicho inmueble y, además, al no haber efectuado la oportuna autoliquidación, había dictado acuerdo de apertura y propuesta de resolución de expediente sancionador contra su persona, en la consideración de que el impago de la plusvalía constituía una infracción de carácter leve.
Esta persona trasladó al Defensor del Pueblo su total disconformidad con estas actuaciones por considerar que el pago de la plusvalía es injusto y empeoraba aún más su situación como desahuciada. Además, de su absoluta discrepancia con el expediente sancionador incoado en su contra por entender que incrementaba el grado de injusticia de la situación que está padeciendo.
“Aunque debamos admitir que la actuación realizada es conforme a derecho, esta institución no puede dejar de señalar la manifiesta injusticia que se deduce de la misma. En efecto, la grave situación económica que afecta nuestro país está provocando, entre otras muchas tragedias, que muchos ciudadanos se vean despojados de sus viviendas. A esta situación de injusticia y desprotección, viene a sumarse como agravio añadido la obligación de afrontar el pago de los impuestos resultantes de una trasmisión patrimonial no querida y, en algunos supuestos como el presente, el verse incursos en procedimientos sancionadores por no haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones tributarias”, según recoge en su informe el Defensor del Pueblo.
